Foto - Página de Facebook José Ricardo Ascarate

Desde el año 2019, se vienen cumpliendo con el pago de los subsidios al transporte desde Nación y Provincia, que suma alrededor de 200 millones de pesos mensuales; sin contar los aportes de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que Nación remitió desde principios del año 2020. Dichos aportes deben sumarse a los subsidios de boleto estudiantil gratuito que la Legislatura Provincial tucumana envía por convenio a los empresarios de transporte automotor por el pago de los abonos estudiantiles en toda la provincia por un monto estimado de 600 millones de pesos al año.

Pese a la cantidad de dinero invertida la situación actual demuestra la fragilidad y lo errado de un sistema que sigue orientado a subsidiar a los empresarios y no a los pasajeros que son los usuarios del sistema, quienes siempre son los perjudicados y deberían ser los únicos beneficiarios de los aportes del estado.

Hoy observamos nuevamente como empresarios irresponsables; que reciben mes a mes los fondos; dejan a los ciudadanos a pie en medio de una situación de pandemia, donde debieran como mínimo asegurarse los medios para que el personal de salud pueda asistir a su lugar de trabajo. Esta realidad, que desde esta banca vengo denunciando permanentemente debe cambiar: se debe aplicar la Ley de Transporte Nº 6.210, poniendo en marcha los procedimientos del artículo 38, ante el incumplimiento grave de los concesionarios.

Por otra parte en el marco del DNU Nº 297/2020 y sus modificatorias, que fue emitido por el Presidente de la República desde el mes de Marzo y ratificado por leyes nacionales y provinciales;se debe denunciar ante la justicia, toda vez que el incumplimiento de la prestación del servicio de transporte podría configurar los delitos que el DNU del COVID-19 dejó establecidos, constituyendo a la Provincia de Tucumán como querellante para exigir que los fiscales actúen de oficio.

José Ricardo Ascárate es Ingeniero – Docente en UNT – Actualmente es Legislador UCR

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