Los exjefes de la AFI deberán declarar la próxima semana en una causa vinculada a las elecciones de medio término de 2017.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a indagatoria al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y a quien fuera su segunda, Silvia Majdalani. El llamado a declarar es en la causa por presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones de medio término en provincia de Buenos Aires en 2017. Les impuso una caución real de $20 millones y ordenó que entreguen sus pasaportes.

El magistrado citó a Arribas para el próximo martes y a Majdalani para el día siguiente, para declarar en la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Se investiga si las bases operativas de la AFI instaladas en el conurbano en 2016 hicieron actividades de espionaje ilegal a dirigentes políticos.

Ramos Padilla además convocó a indagatoria para octubre a otros imputados, amplió los procesamientos al excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por “realización de acciones de inteligencia prohibidas” y procesó sin prisión preventiva al exespía Pablo Pinamonti.

A Pinamonti lo acusó de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

La acusación abarca “haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor”.

Ramos Padilla tiene a su cargo además la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal encabezada por el falso abogado D’Alessio. Entre los investigados en la causa está el periodista Daniel Santoro, procesado sin prisión preventiva por Ramos Padilla. El juez lo acusa por los delitos de “coacción y extorsión en grado de tentativa” y le trabó un embargo hasta cubrir la suma de $3 millones.

En la misma resolución le dictó la falta de mérito en relación a la acusación que pesaba sobre el el periodista de integrar una asociación ilícita liderada por D’Alessio. Aunque entendió que fue “partícipe necesario” de los delitos cometidos en perjuicio de dos directivos.

El magistrado determinó en su resolución: “Se encuentra acreditada la coacción de la que fue víctima el exdirectivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y la extorsión que sufrió el empresario y titular de OPS, Mario Cifuentes, y que para llevar adelante dichas acciones se requirió la participación de Daniel Santoro”. Ramos Padilla consideró que Santoro estaba al tanto de las tentativas de extorsión que llevaba adelanta el falso abogado.

El expediente en el que está involucrado Santoro está envuelto en sospechas. La diputada Elisa Carrió acusó al juez Ramos Padilla de ser parcial y lo vinculó con Justicia Legítima, la organización judicial kirchnerista. A su vez PPT, que conduce Jorge Lanata, reveló una serie de escuchas telefónicas, dadas a conocer como “Operativo Puf”, en las que los exfuncionarios y dirigentes K, Roberto Baratta, Claudio Minnicelli, Juan Pablo Schiavi y Eduardo Valdés, parecían saber de la denuncia que en pocos días haría el empresario Pedro Etchebest y que daría inicio al expediente en cuestión.