La vicepresidenta Cristina Kirchner habló sobre las tomas de tierras en la Argentina, un problema que se extiende en distintos puntos del territorio en plena pandemia de coronavirus. En las redes sociales, hizo una publicación en la que incluyó un informe del diario chileno El Mercurio, con datos sobre múltiples usurpaciones detectadas en el país vecino desde octubre del año pasado. Ante este escenario, expresó: «Como verás, no es una cuestión populista”.

“’104 nuevas tomas de terrenos ocurridas en el país desde octubre del año pasado’. Ayer fue tapa del diario El Mercurio de Chile donde gobierna Sebastián Piñera: como verás, la ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista”, escribió Cristina en Twitter.

Finalmente, en la que fue su primera pronunciación acerca de este tema, pidió que se debata “en serio” con el objetivo de resolverla.

Si bien a la fecha se registraron usurpaciones de terrenos en distritos como Río Negro y en múltiples localidades de la provincia de Buenos Aires, el principal foco está puesto en la toma de Guernica, donde más de 2500 familias ocupan un predio de 98 hectáreas.

Ante esta situación, el juez de Garantías 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, había dispuesto el desalojo de la toma para el miércoles 23 de septiembre. No obstante, este martes hizo lugar a un pedido del Gobierno bonaerense, que propuso una “desocupación pacífica”, y postergó la medida para el 1° de octubre.

Según se informó, el plan de la Justicia es llevar adelante el desalojo en tres etapas: el 1, 2 y 5 de octubre. Lo haría mediante un operativo durante el día, que contempla la actuación de 500 policías y medidas anticoronavirus.

Proyecto de ley para imponer penas más duras
En este contexto, Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley que contempla un endurecimiento de las penas para quienes organicen tomas de tierras o lucren con este delito. La iniciativa fue oficializada este martes por el diputado Luis Petri, y prevé condenas de 1 a 4 años de prisión para el delito de usurpación simple, de 2 a 6 años si es con agravantes, y si además hubiese ánimo de lucro la pena va de 4 a 8 años de prisión.

Según detalló el legislador, el Código Penal vigente no prevé ni agrava los casos de usurpaciones. Por ese motivo, explicó que el proyecto opositor “incorpora los siguientes supuestos: con armas de fuego o explosivos, sobre inmuebles del Estado, destinados a servicios públicos, inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación, inmuebles pertenecientes a Parques Nacionales, o cuando el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad”.