La kirchnerista Alicia Castro, que se desempeñó como embajadora en Caracas entre 2006 y 2011, repudió este martes la decisión del gobierno nacional de condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Castro apuntó contra el canciller Felipe Solá al advertir que «votó la resolución del Grupo de Lima condenando a Venezuela con (Jair) Bolsonaro, (Iván) Duque, (Sebastián) Piñera y (Martín Viscarra), en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos».

«México votó con Venezuela», destacó Castro a través de un mensaje que difundió por su cuenta de Twitter

Seguido, la ex funcionaria de los gobiernos de Cristina Kirchner consideró que esta decisión de la administración de Alberto Fernández representa «un lamentable giro en nuestra política exterior».

Además de Castro, el Partido Comunista de la Argentina manifestó su malestar por la decisión de la Cancillería y expresó su «solidaridad con la revolución Bolivariana».

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en Ginebra una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la cual había presentado sus alarmantes resultados iniciales a finales de septiembre.

La resolución, promovida por los países latinoamericanos integrantes del denominado Grupo de Lima, obtuvo 22 votos a favor (Argentina entre ellos), tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México, que manifestó sus dudas por un texto que tildó de «politizado» y poco equilibrado.

La misión continuará así investigando y reportando al consejo de la ONU durante dos años más los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela, «incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes», según indicó el texto.

Conformada por tres expertos -la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, la delegación presentó el pasado 23 de septiembre su primer informe ante el consejo, en el que denunció «violaciones cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad», algo que generó el rechazo del presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, el representante argentino ante la ONU, Federico Villegas, expresó la «preocupación» de Argentina por la «situación de los derechos humanos» y la «crisis política, económica y humanitaria» en Venezuela, «agravada» por las sanciones financieras y la pandemia del coronavirus.

Si bien Villegas afirmó que el Gobierno argentino hubiese preferido una resolución que contara con «el activo involucramiento» de Caracas para evitar una puesta en práctica «problemática», señaló que los derechos fundamentales de los venezolanos «deben prevalecer sobre otras consideraciones».

«El proyecto de resolución que estamos tratando contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela», dijo Villegas para argumentar el voto a favor de Argentina.