Luego de haber conseguido media sanción en Diputados, el proyecto de ley Aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas sigue dando que hablar: la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su «preocupación» por el avance del proyecto y ya le pidió al Senado que sea modificado.

La entidad presidida por Miguel Acevedo aseguró que «el tratamiento del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes».

Y agregó que «se reitera la importancia de que el Senado de la Nación incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto».

Mientras, integrantes de otras organizaciones empresarias alertan que muchos de quienes deban pagar el aporte «judicializarán el reclamo» si se aprueba tal como está ahora. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) fue otra de las que cuestionó la media sanción y manifestaron que «exhortamos a los Senadores del Congreso de la Nación, y pedimos especial atención a los de nuestra provincia de Córdoba, se hagan eco de nuestros reclamos con su voto».

A través de un documento que preparó la UIA días antes de la votación, se hicieron varias propuestas como excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles); permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año; incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación); incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

La UIA sostuvo que «el proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente», planteó la UIA. Pero el presidente Alberto Fernández dijo luego de la media sanción en Diputados que al tratarse de un ‘impuesto’, no es inconstitucional. «Si fuera un impuesto, sería inconstitucional», expresó.

Por su parte, abogados de los industriales afirman que el proyecto grava la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo) y afecta a la capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos.

UIA sostiene que «en un contexto atravesado por una crisis de escala global, la redacción del proyecto en cuestión profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida. Más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo».

«El proyecto de impuesto a la riqueza grava la inversión en bienes productivos y haría peligrar miles de empleos», aseguran desde la industria turística, sumando su queja.

Roberto Amengual, Presidente de AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina) dijo: «El Aporte Solidario y Extraordinario es, más que un tributo a la riqueza, un impuesto a la producción y al empleo. Pretende gravar la inversión realizada en bienes productivos, y dinamita la inversión, la creación de empleo y la generación de divisas».