El ministro de Justicia, Martin Soria, aseguró que es necesario avanzar con el proyecto de reforma del Ministerio Público sancionado por el Senado y dijo que con esa iniciativa se busca “rescatar” al organismo de “la crisis de legitimidad” en la que cayó. Lo dijo al presentar ante un plenario de comisiones de Diputados, sin la presencia de Juntos por el Cambio, una serie de propuestas de modificación al texto aprobado por la Cámara alta.

Al hablar ante un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Soria dijo que aprobar esa iniciativa “es fundamental para el restablecimiento del Estado de Derecho, que tanto daño ha sufrido en los últimos años”. Y arremetió directamente contra el actual procurador, Eduardo Casal. “Esta reforma no debe tener nombre y apellido. El procurador interino más temprano que tarde tendrá que irse”, dijo.

“No por haber sido funcional a la mesa judicial del Gobierno anterior o porque ande por ahí protegiendo fiscales que cometen delitos o apretando fiscales mujeres en un acto de discriminación de género. Se va a terminar yendo porque es precisamente eso, un procurador interino”, aseguró.

Soria expuso ante esas comisiones, que conducen Rodolfo Tahilade y Hernán Pérez Araujo. El proyecto del oficialismo tiene media sanción del Senado y flexibiliza el mecanismo para designar al jefe de los fiscales, ya que reduce la mayoría necesaria para elegirlo. Previo a defensa de la propuesta, Soria se reunió con el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN) fiscal federal Carlos Rivolo. También debatió sobre el proyecto con el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el juez Marcelo Gallo Tagle.

Más adelante, Soria cuestionó la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio y recordó que el macrismo presentó en 2016 y en 2017 proyectos para acotar el mandato del procurador. ”Lamento la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio, porque en cuanto a la duración del mandato del Procurador General hasta el macrismo presentó en 2016 sendos proyectos para terminar con el mandato vitalicio”, remarcó.

El ministro insistió en su cuestionamiento a Juntos por el Cambio: “Sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente”. En el cierre de la reunión, Tahilade anticipó que en las próximas semanas se invitará a representantes de asociaciones de fiscales, de magistrados y a doctrinarios, entre otros, para que fijen sus posiciones sobre el proyecto.

El enfrentamiento del kirchnerismo con el Procurador

A tan solo un día de asumir a fines de marzo, Soria anticipó que impulsaría la destitución del Procurador General Eduardo Casal, que permanece en el cargo de manera interina después de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. En una fuerte embestida contra Casal, el ministro consideró que el jefe de los fiscales “es insostenible” y que “hace más de tres años que no está respetando la ley”, en declaraciones a El Destape Radio.

¿Quién es el postulante del Ejecutivo y de qué se trata el proyecto?

El candidato del presidente Alberto Fernández para reemplazar a Casal es el juez federal Daniel Rafecas, cuyo pliego fue enviado al Senado el 10 de marzo del año pasado. Hasta el momento no hay avances en el tratamiento de la postulación, ya que la oposición se niega a respaldarlo y para designarlo hacen falta dos tercios de los votos.

Para saltar este obstáculo el oficialismo propuso la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para flexibilizar las condiciones y agilizar el mecanismo de designación del jefe de los fiscales.

Determina que el Procurador sea designado con la mitad más uno de los senadores, en lugar de los dos tercios que se requieren actualmente. Mientras que para la remoción del funcionario judicial exige dos tercios de los votos del Senado.

Establece también que el candidato a jefe de los fiscales no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elijan presidente y vice ni tener más de 75 años al momento del nombramiento. Además limita el mandato a cinco años a diferencia de la actualidad, que es vitalicio. El mandato podrá ser prorrogable a otros cinco años.