El Poder Ejecutivo nacional prorrogó por 60 días la Ley de Biocombustibles, que vencía este miércoles y tenía en vilo a la cadena productiva. La extensión se oficializó mediante el decreto 322, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El renovado plazo de vigencia del régimen para los combustibles verdes es el 12 de julio próximo o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco regulatorio de Biocombustibles, “lo que ocurra primero”, dice el decreto, Llega luego de que fracasaran los intentos para consensuar en el Congreso una nueva normativa sectorial.

La prórroga se plantea como una ganancia de tiempo para discutir en profundidad el futuro marco regulatorio, porque la propuesta oficialista que había avanzado hasta ahora en la Cámara Baja recibió un rechazo mayoritario del sector agroindustrial, especialmente del clúster maicero con eje en Córdoba.

En el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se remarcó que la prórroga busca “asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo de este modo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente”.

La ley de Biocombustibles, que buscó la producción interna y generar excedentes exportables, comenzó a regir en 2006 y por 15 años. En una visita a Tucumán, uno de los polos de producción de esos combustibles verdes, el secretario de Energía, Darío Martínez, había anticipado la extensión del régimen vigente.

La discusión se desarrolla desde el 30 de octubre pasado, el Senado presidido por Cristina Kirchner le dio media sanción por “unanimidad” a una prórroga por cuatro años de la ley que fue aprobada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Lo curioso es que quien intentó ponerle un freno a la continuidad de ese marco regulatorio fue el hijo de Cristina y Néstor, Máximo Kirchner, quien impulsó un proyecto rechazado por la oposición política, sectores afines como el peronismo cordobés liderado por el gobernador Juan Schiaretti y buena parte de los sectores productivos.

Los cuestionamientos apuntan a que el nuevo régimen, que llegaría hasta 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio del gasoil con biodiesel, lo que según el sector dejaría a varias pymes fuera de carrera.

En ese marco, «la agroindustria logró trascender su visión sectorial y puso en consideración que la actividad económica de los biocombustibles es importante y beneficiosa también en términos sociales y ambientales: son 54 plantas en 10 provincias, por las cuales en los últimos 15 años se realizaron inversiones por más de US$1000 millones, que generaron más de 65.000 puestos de trabajo”.