El oficialismo de la Cámara de Diputados logró hoy firmar dictamen de mayoría favorable al proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público, en medio de fuertes tensiones políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, así como presiones sobre las bancadas minoritarias de la oposición.

Luego de casi cinco horas de debate en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, el Frente de Todos cosechó 34 firmas mientras que Juntos por el Cambio, que firmó un dictamen de rechazo, juntó 30 adhesiones.

Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) firmó su propio dictamen de minoría. La iniciativa propuesta limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación y modifica las mayorías necesarias para su designación: se propone que el nombramiento pueda realizarse con la mitad más uno de los votos (mayoría absoluta) en lugar de los dos tercios que rige en el actual marco normativo.

El Gobierno tiene en la mira al procurador interino, Eduardo Casal, y pretende designar allí a Daniel Rafecas, quien avisó que declinaría su candidatura en caso de que se apruebe la reforma del Ministerio Público, ya que pretende llegar al cargo con el acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas.

El oficialismo está en condiciones de reunir las firmas suficientes en ambas comisiones para obtener el dictamen de mayoría, pero aún así tiene serias dificultades para lograr las adhesiones que le permitan alcanzar la aprobación en el recinto.

Pese al apoyo ratificado por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que lidera el mendocino José Luis Ramón, en la última semana varios bloques anunciaron su rechazo, lo que deja al oficialismo en una frágil situación, que lo obligará a postergar la convocatoria a sesión hasta no tener asegurados los votos. Consenso Federal, Córdoba Federal y el Frente de Izquierda se sumaron al bloque del rechazo que lidera Juntos por el Cambio.

En este contexto, al Frente de Todos le faltarían siete votos y solamente quedan dos diputados sin pronunciarse: el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia. En representación del oficialismo, la diputada Vanesa Siley defendió el proyecto y señaló que «llevar adelante la política criminal del país no es una tarea simple ni menor».

«No nos neguemos a dar discusiones que fortalecen nuestro sistema democrático en la Argentina», remató.

Por su parte, el opositor Gustavo Menna, señaló que la reforma del Ministerio Público del oficialismo es «abiertamente contraria a los postulados de la Constitución Nacional».

 

El radical advirtió que el proyecto «afecta la independencia del órgano que pasa a estar tutelado por esta bendita comisión bicameral de seguimiento y control». En ese sentido, habló de un Ministerio Público «sovietizado» y «sometido a la vigilancia» de esa comisión bicameral.

Quien recogió el guante fue Leopoldo Moreau (Frente de Todos), que retrucó: «Hablan de sovietización pero ya intentaron eso con la vacuna Sputnik, y ahora toda la sociedad pide la Sputnik».

«Están interesados en ver cómo sostienen a Casal», disparó el radical kirchnerista, acusación que fue negada por el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Luego Moreau le pasó la presión a los bloques minoritarios de la oposición, cuyos votos serán decisivos para conocer la suerte que correrá la iniciativa oficial.

«Hay muchos diputados que están duda pero entre la mafia y la democracia no hay camino del medio. El Gobierno de Macri optó por la mafia. Por eso hay gente que se está yendo del país, porque saben que no pueden responder ante la Justicia», embistió Moreau, en obvia referencia al ex operador judicial de Mauricio Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.

A su turno, Luis Petri (UCR) afirmó que la reforma del Ministerio Público «es un indulto encubierto para cada uno de los acusados en causas de corrupción» del kirchnerismo mientras que Silvia Lospennato (PRO), en un furibundo y encendido discurso, opinó que la iniciativa busca «garantizarle la impunidad» a ex funcionarios kirchneristas, en un día en que «se reportaron 745 muertos», .

«El 30 por ciento del interinato (de Casal) depende de ustedes por dormir el pliego de Rafecas en el Senado», lanzó y agregó que «el 73% de los niños son pobres en el Conurbano, debería darles vergüenza». En tanto, Ramón valoró que en el proyecto se haya aceptado su solicitud para que se incorporara una Defensoría de Usuarios y Consumidores.

Otro cambio que se implementó en la redacción del proyecto tiene que ver con las mayorías necesarias para la remoción del jefe de los fiscales: si bien se mantiene los dos tercios de los votos en el Senado, en Diputados se exigirá la mayoría absoluta.

En cuanto a la composición del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público, se introdujo un cambio a pedido de sectores de la oposición: se mantienen los siete miembros, pero se reduce de tres a dos los representantes de la comisión bicameral, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Además, habrá un representante del Ejecutivo, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional y dos fiscales, que ahora serán elegidos por sorteo público y conforme a la paridad de género.