Como se esperaba, el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires no alcanzaron un acuerdo ayer en torno a la demanda planteada por la quita y redireccionamiento de fondos de la coparticipación federal dispuesto por el presidente Alberto Fernández. Sin conciliación, deberá definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que podría suponer un nuevo punto de conflicto entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.

Los representantes de CABA y de la Nación volvieron a participar este miércoles de una audiencia de conciliación establecida por la Corte como una vía de diálogo en el marco del litigio planteado por Horacio Rodríguez Larreta.

En la audiencia estuvieron presentes por el Gobierno nacional los abogados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson; mientras que por la Ciudad participaron el procurador porteño, Gabriel Astarloa; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan.

Ambas partes consideraron que “no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo” y “se reanudan los plazos procesales” de la demanda porteña en marcha en la Corte.

En septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández decidió recortar vía decreto el 1,18% de la coparticipación de la Ciudad, que pasó de tener 3,5% a 2,32% del total de fondos coparticipables. Se trata de los fondos asignados por el exmandatario Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires por el traslado de la Policía Federal a la órbita del distrito porteño.

En lo que fue un quiebre en las relaciones que habían mantenido hasta entonces Rodríguez Larreta y Fernández, el Presidente decidió desviar esos fondos a la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, que en esos momentos se encontraba envuelta en un fuerte reclamo de la Policía Federal por mejoras salariales. El jefe de Gobierno porteño consideró la medida era “unilateral”, inconsulta e inconstitucional, y apeló al máximo tribunal.

El oficialismo terminó de oficializar el recorte de unos $65.000 millones de la Ciudad, a través de una ley en el Congreso de la Nación.

“La decisión final sigue estando en manos de la Corte Suprema”, dijeron a este medio en la administración porteña.

La relación entre el Gobierno Nacional y el máximo tribunal no vive su mejor momento. La Corte falló a favor de la autonomía porteña en la reciente demanda de Larreta frente al intento del Ejecutivo de suspender las clases presenciales en la Ciudad. Desde entonces, el oficialismo convirtió a los miembros del máximo tribunal en enemigos políticos.