Luego de la abstención argentina ante la resolución de condena de la OEA por la ola de arrestos de dirigentes opositores en Nicaragua, el Gobierno ensayó un giro en la relación bilateral y llamó a consulta a su embajador en Managua Mateo Daniel Capitanich. De esta manera, el jefe de la sede diplomática deberá volver a Buenos Aires “con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que pusieron en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

La Casa Rosada resolvió la movida diplomática en conjunto con México. En un comunicado, la Cancillería afirma que ambos países “se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”.

En el comunicado reafirman la postura de la Argentina y México a contribuir “constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica”.

La pirueta diplomática de la Argentina tiene lugar luego del aluvión de críticas que recibió el gobierno desde la oposición hasta Amnistía Internacional por negarse a condenar en la OEA la ola de detenciones de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua. “Es inaceptable que decidan no acompañar a las víctimas”, sostuvo el organismo de derechos humanos.

La Argentina y México habían manifestado el martes pasado su “preocupación” por la “detención de figuras políticas de la oposición” en Nicaragua pero, con el argumento de “no intervenir en asuntos internos” de ese país, decidieron no apoyar una resolución debatida en el Consejo Permanente de la OEA que, con la firma de 26 de los 35 países, condenó al gobierno de Daniel Ortega y exigió la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.

La Cancillería había informado que tanto el gobierno argentino como el mexicano “no estaban de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos”.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, dijo en un boletín Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La primera reacción de la Juntos por el Cambio ante la abstención del gobierno por el caso Nicaragua fue presentar un pedido al canciller Felipe Solá para que asista al Congreso para fundamentar la postura de la Casa Rosada en la OEA.

Radiografía de Nicaragua: detenciones a opositores, violaciones a los DDHH y descontento social

Daniel Ortega mueve cada ficha del tablero político nicaragüense con un ojo puesto en la atomizada oposición interna y otro en los Estados Unidos. Con 75 años, este exguerrillero que gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se encamina a ser reelecto por tercera vez consecutiva y podría extender su mandato hasta 2027.

Así, gracias a un sistema de reelección indefinida, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), buscará gobernar Nicaragua durante un total de 25 años en distintos períodos presidenciales (1985-1990 y 2007-2027).

El camino está virtualmente allanado tras el arresto de precandidatos presidenciales de la oposición en los últimos días. Las acusaciones oscilan entre incitación a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, reclamar sanciones contra el país, lavado de dinero, terrorismo, conspiración o falsedad ideológica.

Las elecciones se celebrarán tres años después de las protestas antigubernamentales de 2018 que culminaron con la muerte de cientos de personas y en medio de la pandemia que ha causado graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias.