Cristina Kirchner solicitó ayer al Tribunal Oral Federal 2 que postergue la citación como testigos en el juicio por corrupción en la obra pública otorgada al ex empresario Lázaro Báez en Santa Cruz a sus exjefes de gabinete. Entre ellos se encuentran el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

El abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi presentó un escrito en el que realiza el pedido hasta que la audiencias sean presenciales. ”Todos los testigos antes mencionados fueron ofrecidos por esta defensa y su testimonio reviste una enorme relevancia para el caso”, remarcó el letrado.

Esto siempre y cuando los testigos no manifiesten ante el Tribunal su deseo de declarar por escrito en los casos en los que se prevé esa posibilidad.

”Es importante garantizar que los testigos puedan ser ampliamente interrogados por todas las partes y por el Tribunal en el marco de un amplio contradictorio público, máxime teniendo en cuenta la investidura que en la actualidad ostentan algunas de estas personas”, remarcó en el texto al que accedió Télam.

El juicio oral se reanudó de manera semi presencial virtual en febrero, a causa de la pandemia, con los tres jueces del tribunal presentes en Comodoro Py y las restantes partes conectadas a través de Zoom.

En cuanto a los testigos, cuando es posible se trasladan a declarar y, en caso contrario, también lo hacen de forma virtual, como sucedió en la audiencia de este martes.

“Es menester destacar que existen decenas de testigos admitidos por el Tribunal que aún no ha prestado declaración en el juicio, de modo que la presente solicitud no habrá de comprometer la celeridad del debate”, concluyó Beraldi. Ahora el planteo debe ser resuelto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La causa por corrupción en la obra pública

La investigación se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel por graves irregularidades en contratos de obra pública en la provincia patagónica, como sobreprecios. La expresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.

Entre las anomalías que se determinaron en la investigación, el juez federal Julián Ercolini, al elevar la causa a juicio oral, advirtió que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K, por un monto de $46 mil millones.

Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.