La aclaración llega apenas se realiza la consulta para evitar, así lo dicen, “malas interpretaciones”: hasta el 9 de julio, fecha en la que vence el último decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández, no habrá marcha atrás con la decisión de reducir el cupo de 2 mil a 600 pasajeros que pueden ingresar al país por día a través del aeropuerto de Ezeiza.

Pero en el Gobierno afirman que a partir de esa fecha la flexibilización de la llegada de vuelos estará sujeta a los controles y medidas que las provincias dispongan en el territorio sobre el cumplimiento de la cuarentena para evitar la llegada y propagación de la tan temida variante Delta del coronavirus.

“Ahora hay que mirar a las provincias, depende de cada gobernador y de las medidas que se tomen”, advierten desde el Gobierno al defender la decisión del Presidente de reducir el 70 por ciento de los ingresos a la Argentina como herramienta para ganar tiempo para que avance el plan de vacunación.

En rigor, la Casa Rosada enmarca la medida en un contexto en el que mientras la cepa Delta, por su contagiosidad, obliga a revertir aperturas incluso en países con un porcentaje alto de su población vacunada, la directora de Migraciones, Florencia Carignano, hizo dos serias advertencias en el plazo de tres semanas por groseros incumplimientos de la cuarentena.

Y reprochan que, entre el primer aviso, denunció que cuatro de cada diez argentinos que volvían del exterior rompían el aislamiento de 7 días, y el segundo, poco cambió: la cifra de infractores bajó apenas a un 32 por ciento.

En el Gobierno reconocen que de esa situación, corroborada en distintos operativos realizados semanas atrás por Migraciones en Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Rioja, Corrientes, Jujuy y Salta, en paralelo a los que deben hacer las fuerzas de seguridad locales, se respalda la medida adoptada por el Presidente. “La única forma de postergar que llegue la cepa es respetando el aislamiento, independientemente si te hayas ido a vacunar o por trabajo, no hay otra forma”, remarcan.

En ese marco, en el Gobierno admiten que durante el fin de semana, una vez anunciadas las fuertes restricciones a los vuelos, esperaban por parte de las provincias medidas complementarias, que no llegaron, a pesar de que la Decisión Administrativa de Jefatura de Gabinete dispuso que los pasajeros “están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la CABA, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen». El teléfono del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que atiende las demandas de los gobernadores, esta vez no sonó tanto y sólo un selecto grupo acusó recibo de la señal que pretende el Gobierno.

¿Qué harán la Provincia y la Ciudad?

Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio un primer paso al anunciar que “a partir de ahora aquellos que no dan positivo (en Ezeiza) deberán permanecer cuatro días en un hotel y luego tres días más en sus domicilios”. Para eso, se creará un registro de hoteles habilitados en los que, con una tarifa plana a cargo del viajero, se deberán aislar los bonaerenses que arriban desde el exterior.

En paralelo, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, confirmó que además de reforzar los controles “se está trabajando en una normativa” que contemplará “una multa de hasta 4,3 millones de pesos” a quien incumpla la cuarentena.

​Vale el repaso: hasta el momento, sólo eran obligados a aislarse en hotel quienes daban positivo de la cepa de Manaos, Gran Bretaña o la Delta.

La decisión de la Provincia fue recibida con expectativa por el Gobierno que además de sentir el impacto por las críticas al regreso de argentinos, estiman que quedan alrededor de 40 mil en el exterior por motivos turísticos, recibió duros reproches de organismos internacionales: la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) alertó sobre las dificultades de las compañías para cumplir con la nueva normativa y planteó que “al tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país”.

El cupo impuesto genera que el regreso al país se haga a cuentagotas: 300 pasajeros llegan desde Estados Unidos, 200 vía Europa y 100 de otros países de América.

La decisión de Kicillof tendrá su correlato en una porción importante de argentinos que vuelven del exterior: de 11.087 argentinos que ingresaron por Ezeiza entre el 18 y el 24 de junio, 5.068 declararon residir en Buenos Aires.

En cambio, la Ciudad, que en ese mismo período reunió 3.473 pasajeros, por el momento no piensa hacer cambios.

​Según confirmaron desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta, la obligatoriedad se mantendrá sólo para los pasajeros que resulten positivos. “Al resto que da negativo se le hace seguimiento epidemiológico durante los 7 días de aislamiento”, aseguran.

Para Nación, CABA es un problema concreto: señalan que luego del primer operativo en el que se denunció un 40% de incumplimientos fue “el único distrito en el que no bajó” y dudan de los controles. La discusión política, por supuesto, no queda al margen en este tema: “O controlan en los domicilios o los alojan a todos en hoteles, como la Provincia, pero no puede ser que no hagan ninguna”, se quejan desde Balcarce 50.

Para aquellos pasajeros que residen en otras provincias, tampoco habrá cambios: sólo si dan positivo en el test que se realizan en Ezeiza son obligados a hacer la cuarentena en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, antes de seguir camino al interior del país.

Por las dudas, recuerdan que cada jurisdicción tiene una aplicación cedida por Migraciones que indica dónde reside cada pasajero al que se debe controlar, y detallan que desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, pusieron a disposición de todos los gobernadores las fuerzas federales para colaborar. Y repasan que en provincias opositoras, y de gran caudal de pasajeros, como Córdoba y Mendoza, la Gendarmería hizo controles “casa por casa”.