Casi terminando su mandato, el Gobierno de Manzur nos informa por intermedio de su Ministro de Seguridad Maley, que necesita la ayuda de la población para combatir el delito.
Es decir, que quien por ley tiene el monopolio de la represión legal, que quien nombra y dirige los hombres y mujeres que deben combatir el delito, que quien posee las armas, las instalaciones y el equipamiento para hacerlo, quiere transferir ese rol, esa obligación y función esencial del estado a los vecinos, a una sociedad indefensa, atemorizada y acobardada por el crecimiento imparable de la delincuencia.

Esta pretensión absurda es la prueba palmaria e irrefutable del fracaso de Manzur en la política de seguridad que implementó, a la que dedicó pocos recursos y mucha publicidad.-
Las causas del fracaso obedecen a muchos factores:
1) Falta de personal policial suficiente, lo que se agrava con el retiro de 200 efectivos.-
2) Falta del equipamiento necesario
3) Falta de una buena preparación de los miembros de la fuerza policial
4) Comisarías destruidas donde no se puede trabajar dignamente. Atestadas de detenidos que deben ser vigilados por el escaso con el que cuentan
5) Importante grado de corrupción en la fuerza policial
6) Continuidad del régimen de adicionales que impacta negativamente en el desempeño de la fuerza
7) Falta de un mapa del delito que informe la cantidad real de hechos delictivos que se cometen, los días y horas en que se cometen. Lo que permitirá un mejor uso de los recursos humanos

A esto hay que sumarle el absoluto fracaso del sistema judicial para perseguir el delito. Prácticamente ninguna investigación criminal termina en una sentencia.

La provincia no tiene un plan de seguridad que instrumente con seriedad las tres funciones esenciales que debe llevar adelante el estado para combatir el delito. Tales son las políticas de prevención, disuasión y represión.

Tucumán no tiene una política de prevención del delito. Esta necesita como elemento esencial la fuerte presencia del estado en las zonas vulnerables, peligrosas y conflictivas. Implica el estado cerca de la gente. Eso no sucede. Esas zonas están absolutamente abandonadas, tomadas por bandas dedicadas al narcomenudeo esencialmente y donde impera la ley del más fuerte. Ahí la población no tiene cuidado ni protección.

En cuanto a la política de disuasión que se basa en la presencia policial, al haberse desmantelado las comisarias quedaron vastas zonas donde es casi nula la presencia policial y por lo tanto esa política es impracticable. El servicio 911 tampoco cumple con eficiencia esa tarea.

La falta de prevención y disuasión, elementos esenciales de una política de seguridad, en una provincia donde se cometen 6 delitos por hora, sin contar los que no se denuncian, convierte a la misión de reprimir el delito y brindar seguridad a los ciudadanos, en una tarea imposible de cumplir con eficiencia.

En conclusión el Gobierno de Tucumán, fracasó totalmente en su política de seguridad. Los ciudadanos tucumanos están indefensos frente al delito.


Sobre el autor Eudoro Araoz

Es abogado. Ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán. Actualmente es Legislador Provincial U.C.R – CAMBIEMOS