La economía de Tucumán experimentó a partir de 2003 un importante crecimiento de la actividad económica con una mayor producción de bienes y servicios y un aumento de las exportaciones, crecimiento que fue perdiendo ritmo con los años. Pese a ello, en la posconvertibilidad la pobreza se mantuvo en elevados niveles, y se agravó con la llegada de Cambiemos al Gobierno Nacional.

Es claro que una economía puede experimentar un crecimiento, y este puede no traducirse en un mayor bienestar, si es que en ese proceso de incremento de la actividad un sector importante de la población se encuentra desocupada o tiene una participación precaria. Analicemos lo que sucedió en Tucumán desde el año 2003.

La riqueza y la pobreza en Tucumán en 2003-2010

Si consideramos el período 2003-2010, la economía tucumana o la producción de bienes y servicios en la provincia, creció un 55%. Un crecimiento importante de la riqueza generada en la provincia por los trabajadores. Esta expansión se dio sobre todo hasta 2007. A partir 2008 las tasas de crecimiento se redujeron significativamente.

Sin embargo, la pobreza no tuvo en el Gran Tucumán-Tafí Viejo un descenso importante. Afectaba en el segundo semestre de 2006 a 28,6% de los hogares y 37,4% de la población, valores no muy alejados de los que hubo entre 1995 y 2001. Cabe destacar que la actividad económica de Tucumán en 2006 era un 30% superior a la que tenía la provincia en 1997-1998. Sin embargo, la pobreza coyuntural no tuvo un descenso significativo.

En cuanto a la pobreza en toda la provincia, según el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), que toma en cuenta la pobreza coyuntural y la estructural, el 49% de los hogares tucumanos tenía era pobre en 2010, siendo ese porcentaje 59% en 2001. Es decir que hubo una reducción de tan solo 10 puntos, mientras que la economía provincial en el mismo período creció un 50%.

En relación a la desocupación, en este período se redujo e incluso llegó a valores de 8% o 5%. Esa disminución se vinculaba solo en parte con la expansión en aquellos años de las actividades económicas. Se asistió a un importante aumento del empleo público, que creció entre 2003 y 2009 de 47.557 a 69.766 empleados.

También contribuyó a la disminución del desempleo la consideración como ocupados de aquellos beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupado (JJHD) y otros Programas de Empleo, cuyo número entre 2002 y 2009 estuvo cercano a los 90.000. En vez de garantizar un subsidio al desocupado a los desempleados durante el tiempo en que no consiguen un empleo, con un ingreso que permita una vida digna, el Estado los mantiene precarizados y cobrando montos miserables.

La significativa baja que tuvo el desempleo entre 2007 y 2010 también se explica por otro fenómeno importante: el enorme crecimiento que tuvo el grupo de jubilados/pensionados (50% sólo en 2007), y por lo tanto la población inactiva, es decir, que deja de buscar trabajo.

En relación al empleo informal, tuvo también una reducción en este período aunque no fue significativa: entre 2003 y 2009 el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio pasó de 57% a 44%.

Los indicadores laborales analizados muestran que “el reparto de la torta” continuaba siendo muy desigual a fines de la primera década del siglo XXI.

Estancamiento económico, ajuste y su impacto social (2010-2018)

La desaparición de un tipo de cambio real elevado y la crisis económica mundial que se desarrolla desde 2007/2008 impactaron en las distintas economías del país. Por ello la economía tucumana tiene en este período un menor crecimiento, con tasas inferiores o iguales a 2% en varios años. El proceso de creación de riqueza perdió impulso con los años. En los últimos años se produjo la caída de actividades económicas importantes como la construcción, el comercio, la industria.

Sin embargo, la desocupación se redujo significativamente hasta 2013, incluso con valores inferiores al 5%, fluctuando luego en el período 2014-2018 entre 5% y 7%.

El desempleo se mantenía en un dígito en parte por la expansión de los ocupados, aunque estos crecieron a un ritmo menor que en la primera década. Por lo tanto hay otros fenómenos a considerar.

Se produjo en 2010-2012 una nueva expansión de la población inactiva, en parte por un nuevo aumento del grupo de jubilados y pensionados.

A su vez, hubo un nuevo crecimiento del empleo estatal. En 2015 había 81.050 empleados públicos, es decir, 51 cada 1000 habitantes. Para 2018 esa cifra superaba las 115.000 personas.

También el número de beneficiarios de Planes y Programas de Empleo se mantuvo elevado. Aquellos planes que habían surgido en la primera década, seguían agrupando a 40.000 o 50.000 beneficiarios, a lo que se sumaban los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, que beneficiaban a casi 30.000 personas. Es decir que había entre 70.000 y 80.000 beneficiaros, en un aglomerado cuya población activa era de 350.000-400.000 personas.

En relación al empleo informal, se mantuvo en valores elevados, afectando a más del 40% de los asalariados.

Los problemas de empleo se agravaron entre 2016 y 2018, y en 2019 el desempleo vuelve a superar el 10%.

En cuanto a la pobreza, las estadísticas producidas por el INDEC dejaron de ser confiables a partir de 2007 debido a la intervención de la institución realizada por el Gobierno Nacional. Se tiene datos de pobreza nuevamente en el segundo semestre de 2016. Por entonces, la población del aglomerado tucumano bajo la línea de pobreza era 27,7%. Luego de un descenso de seis puntos en 2017, la pobreza volvió a crecer y se ubicaba en el segundo semestre de 2018 en 32,2%. Fruto del agravamiento de la situación laboral, creció en un solo año más de 10 puntos.

Reflexiones finales

En 2019 la pobreza volvió a subir en la provincia, la desocupación supera el 10%, y el empleo informal (sin obra social ni aporte jubilatorio) afecta al 49% de los asalariados, el valor más alto de toda Argentina. El ajuste brutal, responsabilidad de Macri y del FMI, y del peronismo y sus gobernadores que acompañaron su política, agravó profundamente la crisis.

La salida pasa por romper con el FMI, dejar de pagar la deuda que es ilegal y usuraria, y concentrar el ahorro nacional en un proceso de industrialización y de obras públicas. Hay que prohibir despidos y suspensiones, terminar con el empleo en negro, reabrir las fábricas que han cerrado, repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, pagar un salario igual a la canasta familiar y garantizar el 82% móvil de jubilación. Son medidas urgentes y necesarias para que la crisis la dejen de pagar los trabajadores y la paguen sus responsables, los capitalistas.


Sobre el autor, Ariel Osatinsky

Lic. en Economía, Dr. En Cs Sociales. Docente de Economía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, investigador del CONICET. Militante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad.