Del cielo al banquillo de los acusados

El dueño del predio Loma Bola, que se dedica a vender vuelos de parapente, volvió a quedar imputado en la causa que investiga la muerte de Natalia Vargas. La fiscal y el juez de la causa fueron apartados por haberlo sobreseído sin haber investigado lo suficiente

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Faltaban tres días para que termine el año 2017 cuando Natalia Vargas se lanzó a volar. Tenía 28 años y una carrera brillante: era médica y se estaba especializando en biología molecular en Alemania. Por eso, se había mudado dos años antes a ese país, pero volvió a la fatídica Tucumán a pasar las fiestas. Su amiga alemana, Seda Ercanoglu, vino con ella para conocer estas tierras. Esa tarde del 29 de diciembre, Seda vio morir a Natalia.

Ambas decidieron contratar un servicio de parapente, para ver a nuestro Tucumán desde el cielo. La alemana despegó con el instructor a quienes habían contratado, pero Natalia partió con el piloto Ariel Salazar. Sus amigos vieron cuando, en pleno vuelo, cayó. Al regresar, Salazar dijo que a la joven le había dado un ataque de pánico y se soltó el arnés. Era mentira. Un video filmado por los amigos de la médica reveló la verdad: a Natalia no le habían puesto las perneras, que debían sujetarle las piernas. Al final del tape, se escucha que los jóvenes dicen «se ha caído». Ahí se termina el video.

En cambio, nunca apareció la filmación de la cámara Go Pro que siempre lleva el piloto en este tipo de vuelos para darle al cliente un recuerdo de su aventura. Esas imágenes serían esclarecedoras sobre el hecho. Por supuesto, Salazar era responsable de asegurar a Natalia. Pero ¿y el dueño del lugar?

Sergio Bujazha era el propietario del predio y presidente del club. Él mismo era piloto. No sólo permitió que Salazar hiciera vuelos sin la habilitación actualizada para este deporte de alto riesgo sino que promovió y ofertó el servicio. Pese a que ese dato constaba en la causa, la fiscal María del Carmen Reuter pidió el sobreseimiento del empresario. El juez Facundo Maggio le dio la razón y, así, el máximo responsable de la lucrativa actividad quedó liberado de toda preocupación.

La fiscal y el juez ni siquiera se preguntaron si Bujazha tenía la obligación de proveer y asegurar las medidas de seguridad de su negocio. Tampoco si estaba obligado a un doble (o triple) chequeo de las medidas de seguridad de cada vuelo. No se cuestionaron si la segunda o tercera revisión no se hizo por cuestiones económicas: si Bujazha controlaba personalmente se perdía de comerciar con sus propios vuelos. Si contrataba a alguien especializado para que lo haga, debía invertir dinero.

¿Fue la muerte de Natalia consecuencia de un ánimo de lucro por parte del dueño del predio? Si la respuesta de la fiscal hubiera sido «no», quizás el sobreseimiento continuaba. Pero ni si quiera se investigó cómo debía el dueño garantizar la seguridad de su actividad.

La familia puso el grito en el cielo. La actitud de Bujazha, desde el principio, había sido la de continuar con los vuelos pese a la tragedia que acababa de ocurrir. Fue el Gobierno de Tucumán quien debió impedirle seguir con la actividad hasta que no se supiera si estaban dadas las condiciones de seguridad, pero la prohibición apenas duró dos semanas.

Esta semana, la Cámara de Apelaciones anuló el sobreseimiento del empresario y apartó de la causa tanto a la fiscal como al juez que lo habían liberado de toda preocupación penal. El juez Enrique Pedicone, que presidió la audiencia este miércoles, consideró «escueto e infundado» el sobreseimiento. En el fallo, formuló estas inquietudes: ¿Bujazha proveyó los medios de seguridad del vuelo? ¿Hubo violación del deber objetivo de cuidado? ¿Hubo control de la fuente de peligro? ¿Fue previsible y evitable la muerte de Natalia? ¿Hubo culpa de algún tipo o fue una «fatalidad»?

Como la fiscal investigadora no formuló ni respondió estas preguntas, Pedicone la apartó: «fue ineficaz su actuación, por eso la separo; lo mismo sucede con el juez, que no debió consentir tamaña irresponsabilidad en la investigación y lo hizo y sobreseyó a este empresario». «Los empresarios deben entender que deben neutralizar los peligros que entrañan estas actividades de riesgo, como son los parapentes», agregó Pedicone. Ahora, otro fiscal (a designar) deberá investigar la responsabilidad del empresario en la muerte de Natalia.