El proyecto enviado al Concejo por la Intendencia, modifica la ordenanza 400, de 1979, y fija en su artículo 1° que “la explotación del Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros dentro del radio del municipio de San Miguel de Tucumán es un servicio público esencial”

De esta manera, las empresas de colectivos que interrumpan el servicio de transporte de pasajeros en la capital, o que usen los colectivos para cortar el tránsito en la ciudad, recibirá multas millonarias y hasta serán sancionadas con la caducidad de la concesión de la línea urbana que explotan.

Analizando en detalle el proyecto, se establece que las interrupciones por menos de 48 horas recibirán multas y las que excedan los dos días consecutivos podrán perder la concesión de la explotación de la línea.