Las empresas de software argentinas están en pie de guerra por el freno a la reglamentación a la Ley de Economía del Conocimiento que se esperaba comenzase a regir a partir de enero. Dijeron que peligran 27.000 puestos de trabajo.

El stand-by que anunció el Ministerio de Producción y Desarrollo Productivo, las afecta principalmente, ya que pone en peligro la continuidad de los beneficios impositivos con los que contaron durante 10 años.

En ese contexto, alertan que desde febrero podrían subir 10% sus nóminas y que, de extenderse en el tiempo, no solo golpearía a las grandes empresas que ven en su futuro que la reducción de Ganancias del 15% que originalmente estaba en el texto quede sin efecto sino que pone en peligro a las pymes del sector cuyos costos operativos dependen fuertemente de la puesta en vigencia de la nueva ley, una extensión simbólica de la votada en 2003. «Es una cuestión financiera«, dice Pablo Iacub, presidente de Calipso, la empresa de software detrás de uno de los ERP más usados en el país y cuya pyme emplea de forma directa a 100 personas.

«La vieja ley de software funcionaba perfectamente pero quisieron ampliarla para que interpele a más jugadores. Ahora, no tenemos ni una cosa ni la otra. Ya la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva restringía parte de los beneficios económicos, especialmente aportes patronales. Las empresas tenemos armados los costos en base al beneficio y suspenderlo puede hacer quebrar a muchas compañías«, advirtió Iacub.

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