El gobernador, Juan Manzur, autorizó $ 40 millones no reintegrables solicitados por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para financiar obras de infraestructura y adquisición de equipamiento y maquinarias necesarias para la prestación de los servicios de agua y cloacas, según se informó en un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial.

Lo que cabe preguntarse es, si la nueva partida presupuestaria servirá para algo ya que los servicios de la empresa son deplorables.

No hace falta recorrer mucho Tucumán para encontrarse con pérdidas de agua potable (que la cobran carísima) o desbordes de líquidos cloacales que ponen en riesgo la salud de la población.

Se autorizó que el Ministerio de Economía emita las órdenes de pago, que será abonadas en forma proporcional durante los meses de enero y febrero, según se detalló en el Decreto N° 116/3 de la Secretaría de Hacienda (SH), con fecha del 29 de enero.

El giro de fondos a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) está fijado por la Ley N° 9.062 y sus modificatorias. Gracias a este mecanismo, creado en 2017, la SAT recibió unos $280 millones en los últimos dos años

La “Ley SAT” iba a perder vigencia el 31 de diciembre de 2019. Ante esta situación, la Casa de Gobierno solicitó la prórroga de la norma hasta la finalización de 2023. La comisión de Hacienda de la Legislatura, sin embargo, fijó como fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año.