El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó «por ilegítimas» las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior y denunció a su antecesor en el cargo por «desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio» de la compañía.

YCRT publicó en su cuenta de Facebook la resolución 8/2020 por la que Fernández instruyó a la acción penal al servicio jurídico del ente, luego de revocar una medida anterior “por razones de ilegitimidad basada en su falta de causa, la ausencia de convalidación y el conocimiento del vicio”, las designaciones de la intervención durante la administración de Mauricio Macri.

Más temprano, en su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, «días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente» y explicó que esas designaciones se fundamentaban «en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal».

Para Fernández, esos argumentos eran «todas falacias«, ya que «las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa».

En ese marco, anunció que procedió a «la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones».

El interventor de YCRT señaló además que su antecesor en el cargo «pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabilidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales».

Además, dijo que «no existía previsión presupuestaria para las contrataciones» y que en realidad «procuraron la coptación de YCRT luego de haber perdido las elecciones».

«Me molesta tener que tomar una decisión que implica la cesantía de 417 personas, pero ninguna fue convocada por mecanismos públicos sino elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor», concluyó.

Basado en informes del área de Administración y Finanzas del ente, evaluó que “a la fecha de las designaciones no existía previsión presupuestaria para atender tal erogación”, ni tampoco fue contemplada en el Presupuesto 2020, pese a que el instrumento de designación aseguró esa previsión.

Para la actual intervención, “estas designaciones vinieron a complicar aún más la delicada situación financiera” de YCRT “que mantiene una deuda con el Organismo Federal de Recaudación que supera el monto de dos presupuestos anuales”.

Fernández precisó ayer a Radio Nacional Río Turbio que la deuda que Zeidán dejó con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es de 6.000 millones de pesos.

Todo muestra que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta, entonces no es que estamos despidiendo personal, tenemos que revocarlo y eso hace que caigan las designaciones”, explicó sobre la resolución 7/2020 que revocó las designaciones.

Para Fernández “hay que hacer la denuncia porque se puso en juego dinero público que no tendría que haberse hecho entonces no se puede uno callar la boca”, concluyó.

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